En el fútbol profesional, las relaciones laborales entre clubes y jugadores se formalizan mediante contratos que, además de regular las condiciones deportivas y económicas, definen los derechos y obligaciones de ambas partes. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que estos contratos se ven interrumpidos o quebrantados, generando situaciones conflictivas con importantes implicaciones legales y financieras.
Uno de los escenarios más delicados para un club es afrontar el incumplimiento contractual por parte de un futbolista profesional: desde el abandono injustificado de la disciplina del equipo, hasta actos de indisciplina o la rescisión unilateral del contrato sin causa aparente. Estas situaciones, lejos de ser excepcionales, forman parte de la realidad cotidiana de los departamentos jurídicos de los clubes.
El incumplimiento de contrato no solo puede afectar al rendimiento deportivo del equipo, sino también su viabilidad financiera: cláusulas de rescisión mal formuladas, falta de previsión sobre sanciones o indemnizaciones, o la omisión de condiciones expresas pueden dejar al club desprotegido y en clara desventaja legal. Por ello, es esencial que los clubes cuenten con un asesoramiento jurídico especializado y un conocimiento detallado de las normas aplicables, tanto nacionales como internacionales.
En España, el Real Decreto 1006/1985 regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, independientemente de su nacionalidad. En el plano internacional, la FIFA establece su propio marco mediante el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), que puede entrar en juego especialmente en contratos con componente internacional.
Este artículo tiene por objeto ofrecer a los clubes un resumen legal, basado en ambas normativas, para comprender cuándo es posible rescindir un contrato de fútbol por anticipado, qué consecuencias conlleva una ruptura sin causa justificada y qué acciones pueden emprender cuando el incumplimiento proviene del jugador.
¿Cuándo se puede rescindir un contrato de fútbol por anticipado?
(I) A nivel internacional, el RETJ de FIFA regula, de forma expresa, los principales supuestos en los que esta ruptura puede tener lugar de manera legítima.
El artículo 14 del RETJ establece la denominada rescisión por causa justificada general, aplicable tanto al club como al jugador. En estos casos, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin consecuencias indemnizatorias ni sanciones deportivas si concurren circunstancias que hagan insostenible, de forma razonable y de buena fe, la continuación de la relación laboral. El concepto de “causa justificada” abarca situaciones como el aislamiento intencionado del jugador, la degradación profesional o la presión psicológica ejercida por la otra parte, tal como reconoció el TAS en su laudo CAS 2015/A/4286.
Por su parte, el artículo 14 bis del RETJ introduce un supuesto específico vinculado al incumplimiento de las obligaciones salariales. Así, el impago de al menos dos mensualidades permite al futbolista rescindir unilateralmente el contrato, siempre que haya mediado una reclamación formal y un plazo de gracia de, como mínimo, quince días para subsanar la deuda. Resulta relevante destacar que el propio reglamento admite la posibilidad de que los convenios colectivos nacionales establezcan condiciones distintas en esta materia, en consonancia con el respeto a los ordenamientos internos.
Finalmente, el artículo 15 contempla la rescisión por causa deportiva justificada, otorgando al jugador el derecho a romper su vínculo si, durante una temporada, ha participado en menos del 10% de los partidos oficiales de su club. Para ejercitar esta facultad, debe notificar su decisión en los quince días siguientes a su último partido disputado, pudiendo ser exigible una compensación económica, aunque sin imposición de sanciones deportivas.
(II) Desde una perspectiva nacional, en España, la regulación aplicable es el Real Decreto 1006/1985, que establece en su artículo 13 las principales causas de extinción del contrato de trabajo de los deportistas profesionales.
Estas incluyen el mutuo acuerdo, la expiración del tiempo convenido, el cumplimiento íntegro del contrato, el fallecimiento o la incapacidad permanente del jugador, la disolución o grave crisis económica del club, así como causas específicas pactadas en el contrato, como puede ser el descenso de categoría.
Entre las causas disciplinarias, el club puede promover la extinción del contrato si el futbolista incurre en incumplimientos graves de sus obligaciones, siguiendo el procedimiento previsto legalmente.
Un aspecto especialmente significativo es el recogido en el artículo 7 del Real Decreto, que garantiza el derecho del deportista a la ocupación efectiva. La privación injustificada de este derecho (como impedir al jugador entrenar o participar en competiciones) constituye una vulneración grave que puede legitimar la resolución anticipada del contrato por parte del deportista, como reconoció el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de abril de 2010 (conocida como caso “Toro” Acuña).
Además, el artículo 16 RD 1006/85 prevé que el deportista pueda solicitar la resolución de su contrato si concurren causas justificadas conforme al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Entre estas causas destacan las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales que menoscaben la dignidad del jugador, el impago o retraso continuado en el abono del salario, y cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empleador.
En definitiva, tanto en el marco del RETJ como en el régimen jurídico español, la protección de la estabilidad contractual coexiste con el reconocimiento de derechos para resolver los contratos en casos de incumplimiento o situaciones de abuso, configurando así un equilibrio entre la seguridad jurídica y la tutela de los intereses de las partes.
Efectos de la extinción anticipada sin causa justificada
La extinción anticipada de un contrato de trabajo entre un futbolista profesional y su club, cuando no se basa en una causa justificada, acarrea importantes consecuencias jurídicas tanto en el ámbito internacional, bajo el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), como en el marco nacional, conforme al Real Decreto 1006/1985.
(I) A nivel internacional (y siempre que no resulte aplicable la normativa nacional), el artículo 17 del RETJ establece las consecuencias derivadas de la ruptura de contratos sin causa justificada.
En virtud de este artículo, la parte incumplidora deberá indemnizar a la contraparte por los daños y perjuicios causados. Dicha indemnización se calcula tomando como referencia el denominado “interés positivo”, es decir, la situación en la que se habría encontrado la parte perjudicada si el contrato se hubiera cumplido en su totalidad.
Para determinar el importe de la indemnización, el RETJ contempla diversos factores relevantes, entre los que destacan el valor residual del contrato vigente, los posibles nuevos ingresos del jugador derivados de un nuevo contrato, y los ahorros salariales obtenidos por el club tras la ruptura.
Tradicionalmente, el RETJ establecía que, en los supuestos de rescisión sin causa justificada, el nuevo club que contratase al jugador sería considerado responsable solidario en el pago de la indemnización correspondiente. Sin embargo, esta previsión ha sufrido recientemente un importante revés a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el denominado “caso Diarra” (C-650/22). El TJUE ha concluido que la imposición automática de responsabilidad solidaria puede vulnerar los principios de libertad de trabajo y libre circulación dentro de la UE, exigiendo que dicha responsabilidad se limite a los supuestos en los que se pruebe la inducción directa por parte del nuevo club al jugador para incumplir su contrato.
No obstante, más allá de la responsabilidad solidaria, el RETJ sigue contemplando sanciones deportivas para las partes infractoras. En el caso del jugador, podrá imponerse una suspensión de entre cuatro y seis meses de inelegibilidad para participar en partidos oficiales. De forma paralela, el club que incumpla puede ser sancionado con la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante dos periodos de inscripción consecutivos, tanto en el ámbito nacional como internacional, lo que puede tener un impacto estratégico significativo para su planificación deportiva.
(II) En el ámbito interno español, el Real Decreto 1006/1985 regula de forma detallada los efectos de la extinción del contrato de trabajo de los deportistas profesionales, diferenciando según se trate de un despido procedente o improcedente.
De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto, si el club extingue el contrato mediante un despido disciplinario procedente, no existe obligación de abonar indemnización alguna al jugador. Sin embargo, si el despido es declarado improcedente (por ejemplo, por falta de justificación suficiente o defectos de forma en el procedimiento disciplinario), el club deberá compensar al futbolista con una indemnización equivalente a, como mínimo, dos mensualidades de salario por cada año de servicio y, que a falta de pacto será fijada judicialmente.
En cuanto a la extinción unilateral del contrato por voluntad del deportista, regulada en el artículo 16 del Real Decreto, su tratamiento depende del motivo alegado. Si la extinción se produce sin causa imputable al club, corresponderá al deportista abonar una indemnización al club, que podrá estar prefijada en el contrato (mediante la conocida cláusula de rescisión) o, en su defecto, ser determinada por la jurisdicción laboral atendiendo a diversos factores (circunstancias deportivas, perjuicio económico, motivos de ruptura, etc.). Si, por el contrario, la extinción se funda en causas recogidas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores -como impago de salarios o incumplimientos graves del club-, la resolución producirá los mismos efectos que un despido improcedente, otorgando al jugador derecho a percibir la correspondiente indemnización legal sin penalización adicional.
Por lo tanto, en ambos niveles, tanto internacional como nacional, queda patente la importancia de acreditar adecuadamente la existencia o no de causa justificada, ya que de ello dependerán las consecuencias económicas y deportivas para las partes involucradas.
Acciones que pueden emprender los clubes ante el incumplimiento del jugador
Ante un incumplimiento contractual por parte de un futbolista, los clubes disponen de diferentes mecanismos jurídicos para salvaguardar sus derechos e intereses, tanto en el ámbito económico como en el deportivo.
El primer paso imprescindible consiste en documentar de manera exhaustiva cualquier incumplimiento. Esto incluye registrar todas las incidencias relevantes mediante comunicaciones escritas, partes médicos, informes técnicos, testigos, grabaciones de entrenamientos, conversaciones, etc. Una correcta acumulación de pruebas resulta determinante para sostener con éxito cualquier despido disciplinario o con justa causa ante las autoridades competentes.
En el contexto español, en el caso de que el club opte por ejercer medidas disciplinarias de especial gravedad (como el despido disciplinario del jugador), resulta indispensable la apertura previa de un expediente disciplinario. De acuerdo con la interpretación conjunta del artículo 17 del Real Decreto 1006/1985 y los principios generales del derecho laboral, el expediente debe respetar escrupulosamente el derecho de defensa y el principio de contradicción. Esto implica notificar formalmente al futbolista el pliego de cargos, concederle un plazo razonable de alegaciones, practicar las pruebas propuestas, y emitir una resolución motivada en la que se detalle la falta cometida y la sanción impuesta. La omisión de este procedimiento no solo podría dar lugar a la declaración de improcedencia del despido, sino también a importantes responsabilidades indemnizatorias para el club.
Por otro lado, desde el punto de vista procesal, los clubes deberán asimismo valorar cuál es el foro competente para canalizar sus reclamaciones. En el ámbito nacional español, la materia es indisponible, ya que el artículo 19 del Real Decreto 1006/1985 establece que cualquier disputa derivada del contrato de trabajo debe resolverse ante la jurisdicción social española.
En cambio, en aquellos países donde no exista regulación laboral específica aplicable al futbolista profesional, el artículo 22 del RETJ atribuye la competencia a la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de FIFA, salvo pacto en contrario a favor de una Cámara Nacional de Resolución reconocida por FIFA.
Por último, en paralelo a las reclamaciones económicas, los clubes también pueden solicitar la imposición de sanciones deportivas contra el jugador infractor, tales como la suspensión de su elegibilidad para participar en competiciones oficiales. Además, en los supuestos de inducción probada por parte de un nuevo club, también cabrá reclamar su responsabilidad solidaria.
La estabilidad contractual en el fútbol profesional constituye un pilar fundamental no solo para proteger la seguridad jurídica de las partes, sino también para garantizar la viabilidad de los proyectos deportivos y económicos de los clubes. Sin embargo, la realidad demuestra que los incumplimientos contractuales por parte de los jugadores, aunque no generalizados, representan una amenaza potencial que exige una reacción inmediata, técnica y estratégica por parte de las entidades deportivas.
Es por ello por lo que una correcta redacción contractual (que contemple cláusulas claras sobre obligaciones, disciplina, ocupación efectiva, pago de salarios y consecuencias del incumplimiento), así como la inclusión de cláusulas de rescisión o indemnización prefijada, permite blindar jurídicamente al club frente a eventuales rupturas unilaterales.
Sin embargo, no menos importante es el cumplimiento escrupuloso de las obligaciones salariales y contractuales por parte del club, de modo que se eviten escenarios que puedan ser considerados como causa justificada de resolución a favor del jugador, con las consecuencias económica y deportivas que podría conllevar.
En definitiva, ante cualquier incumplimiento contractual, los clubes deben actuar de forma rápida, documentada y estratégica, siempre contando asesoramiento legal especializado que evalúe cada caso concreto a la luz de la normativa de aplicación.