En los últimos años, el término Fair Play Financiero ha dejado de ser exclusivo de directivos y economistas del fútbol para colarse en tertulias deportivas, redes sociales y conversaciones entre aficionados. Sin embargo, no siempre está claro qué significa realmente, cómo funciona y qué consecuencias tiene su incumplimiento.
Este artículo pretende ofrecer una explicación sencilla y general sobre en qué consiste este sistema, qué diferencias existen entre su aplicación en distintas regiones del continente, y por qué se ha convertido en una herramienta clave para asegurar la sostenibilidad del fútbol profesional.
El Fair Play Financiero nació en el ámbito europeo de la mano de la UEFA en el año 2010, cuando muchas entidades deportivas atravesaban serias dificultades económicas. La idea era clara: si los equipos quieren competir en las competiciones europeas, deben demostrar que tienen sus cuentas en orden. En 2022, esta normativa evolucionó hacia el sistema llamado «Financial Sustainability Regulations» (FSR), con tres pilares básicos: solvencia, estabilidad y control de costes. El objetivo principal es que las entidades gasten solo lo que ingresan y que no acumulen deudas con terceros, empleados o las autoridades fiscales.
Para obtener la Licencia UEFA, los participantes deben cumplir ciertos requisitos deportivos, legales, administrativos y, por supuesto, financieros. La UEFA ejerce la supervisión a través del Órgano de Control Financiero de Clubes (Club Financial Control Body – «CFCB»), que tiene competencia para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de las FSR, concertar acuerdos transaccionales e imponer medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las normas.
En lo que se refiere a España, el Fair Play Financiero funciona con una lógica similar, pero bajo la supervisión exclusiva de LaLiga. Desde el año 2013/2014 se aplica el conocido como sistema de Control Económico que se ha consolidado como uno de los más exigentes y efectivos del continente.
A diferencia del modelo UEFA, que afecta solo a los equipos que participan en competiciones internacionales y se realiza «a posteriori», el sistema español se aplica obligatoriamente a todas las entidades deportivas que militan en Primera y Segunda División y se ejecuta «a priori«, es decir, antes del comienzo de la competición. Esto permite una supervisión preventiva y continua, lo que ha contribuido a sanear el serio problema financiero del fútbol profesional nacional.
A modo de resumen, el funcionamiento de este modelo se basa en un principio simple pero poderoso: los equipos no deben gastar más de lo que generan. Para garantizar este equilibrio, se establece un límite de coste de plantilla deportiva (el famoso «límite salarial»), que representa la cantidad máxima que un equipo puede destinar a salarios de jugadores, técnicos y otras remuneraciones asociadas al equipo. Esta cifra se calcula de forma personalizada para cada entidad, tomando en cuenta sus ingresos totales previstos, de los que se restan los gastos de estructura y el pago de deudas. El resultado es un techo financiero que debe respetarse durante toda la temporada, y cuya superación puede conllevar sanciones inmediatas.
El órgano principal encargado de aplicar y supervisar el cumplimiento del Fair Play Financiero en el ámbito español es el Comité de Control Económico de LaLiga. Este organismo analiza los presupuestos de cada entidad y verifica que cumplen con las normas económicas vigentes. Tiene además la facultad de imponer sanciones en caso de incumplimiento, que pueden ir desde multas hasta la suspensión del derecho de inscripción de futbolistas e incluso la exclusión de la competición. Cabe destacar que, aunque las decisiones pueden ser recurridas, las sanciones se ejecutan desde su notificación.
Junto al Comité destaca también el papel del Órgano de Validación de Presupuestos, que actúa por delegación del presidente de LaLiga. Su tarea consiste en revisar la documentación que presentan las entidades sobre sus ingresos, gastos y previsiones financieras, así como validar los presupuestos anuales de acuerdo con las Normas de Elaboración de Presupuestos (NEP). Además, existen figuras como el Comité de Valoración, que analiza el valor de mercado de jugadores y activos para impedir manipulaciones contables que distorsionen el cálculo del límite salarial.
Estas NEP se actualizan cada temporada y marcan cómo deben organizarse y justificarse los presupuestos que presentan las entidades ante LaLiga. Por ejemplo, diferencian entre ingresos recurrentes (como los derechos de televisión o la venta de abonos) e ingresos extraordinarios (como operaciones puntuales de venta de activos), e indican cuáles pueden computarse como base para fijar el límite salarial. También definen qué gastos son estructurales, qué conceptos se consideran deportivos y cómo deben tratarse las operaciones con partes vinculadas, que deben valorarse a precio de mercado. Las NEP también imponen una metodología de presentación muy estricta con modelos estandarizados, plazos cerrados y la obligación de justificar cualquier desviación respecto a ejercicios anteriores. Todo con el fin de mantener los presupuestos dentro de una lógica financiera coherente.
En los últimos años, se han dado casos conocidos de equipos que han tenido que hacer importantes ajustes para cumplir con estos requisitos. Uno de los ejemplos más recientes ha sido el del FC Barcelona, que en varias ocasiones ha tenido dificultades para inscribir jugadores por exceder su límite salarial. Operaciones como la de Dani Olmo y Pau Víctor estuvieron condicionadas por la necesidad de generar ingresos válidos o rebajar el gasto de plantilla antes del cierre del mercado, lo que ha derivado en una controversia que acabó en el Consejo Superior de Deportes.
Pero el sistema también ha tenido resultados positivos. Desde su implantación, se ha reducido drásticamente la deuda con Hacienda y Seguridad Social, han desaparecido las denuncias por impagos a futbolistas y ha aumentado la transparencia financiera. En definitiva, LaLiga puede presumir de ser una competición más estable desde el punto de vista financiero, en parte gracias a este marco regulatorio.
En resumen, el Fair Play Financiero es mucho más que un concepto abstracto. En el marco europeo, bajo la tutela de la UEFA, se enfoca en la sostenibilidad a largo plazo y en limitar el gasto descontrolado. En el caso español, el sistema de Control Económico se ha convertido en una herramienta esencial para proteger a las entidades deportivas, garantizar su viabilidad y fomentar una competencia equilibrada.
Aunque puede generar tensiones, especialmente en mercados de fichajes, el sistema ha demostrado ser eficaz para profesionalizar la gestión y mantener la situación económica del fútbol dentro de parámetros sostenibles.