Que un menor haya vivido o jugado al fútbol en otro país no debería convertirse en un obstáculo cuando su familia regresa o se traslada a España. Sin embargo, cada temporada seguimos encontrándonos con padres que, después de inscribir a sus hijos en un club, descubren que la obtención de una simple licencia federativa puede convertirse en un procedimiento mucho más complejo de lo que imaginaban.
Transferencias internacionales, FIFA, TMS, artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), excepciones o autorizaciones internacionales son conceptos completamente ajenos para una familia que, en realidad, únicamente pretende que su hijo pueda jugar al fútbol. El resultado, en algunos casos, termina siendo siempre el mismo: la RFEF no expide la licencia y el menor se queda sin competir.
Esta semana hemos recibido en Himnus Football Lawyers dos nuevas resoluciones estimatorias del Consejo Superior de Deportes (CSD) en procedimientos de este tipo. Dos familias distintas, dos menores afectados y, nuevamente, una misma conclusión: la negativa a tramitar o expedir una licencia federativa no tiene por qué ser el final del procedimiento.
La noticia, en realidad, no está tanto en lo que ha dicho el CSD. Lo verdaderamente significativo es que siga siendo necesario decirlo.
Los dos asuntos parten de situaciones que comienzan a resultar demasiado habituales. Se trata de menores de nacionalidad española que habían estado vinculados anteriormente al fútbol en el extranjero y que, al solicitar su inscripción para competir en España, se encontraron con las restricciones derivadas del procedimiento internacional establecido por FIFA para los jugadores menores de edad.
La cuestión puede resultar difícil de comprender para cualquier familia. El menor es español, vive en España, dispone de documentación española y quiere jugar en un club español. Sin embargo, el hecho de haber estado previamente inscrito en otro país provoca que su licencia entre en un circuito federativo internacional que puede terminar condicionando su posibilidad de competir a la autorización de FIFA.
Cuando esa autorización no llega o la operación es rechazada, el efecto práctico es muy sencillo: el niño no puede jugar.
Frente a esas situaciones, las familias interpusieron los correspondientes recursos ante el Consejo Superior de Deportes asistidas por Himnus Football Lawyers. Y en ambos casos el resultado ha vuelto a ser favorable: el CSD ha estimado los recursos y ha reconocido el derecho de los menores a obtener su licencia deportiva.
Ya hemos analizado anteriormente cómo el Consejo Superior de Deportes ha rechazado la aplicación automática del artículo 19 del RETJ cuando termina imponiendo a menores españoles requisitos adicionales simplemente por haber residido o jugado anteriormente en otro país. También hemos visto cómo el CSD ha extendido esa protección a los menores extranjeros que residen legalmente en España, recordando que la normativa española protege su acceso a la práctica deportiva y que la residencia legal resulta determinante para la obtención de la licencia en competiciones no profesionales.
Incluso hemos analizado una situación todavía más compleja: aquellos casos en los que la RFEF no dicta una resolución formal, sino que simplemente deja de tramitar el expediente. También en esos supuestos el CSD ha reconocido que determinadas actuaciones federativas pueden ser recurridas cuando bloquean definitivamente la posibilidad de obtener una licencia.
Por eso, estas dos nuevas resoluciones no suponen una revolución jurídica. Y precisamente ahí reside su importancia. Cuando distintos expedientes, familias y situaciones terminan una y otra vez con resoluciones estimatorias del Consejo Superior de Deportes, resulta difícil seguir hablando de una interpretación puntual. Estamos ante un criterio administrativo cada vez más reiterado.
Entonces, ¿por qué siguen teniendo problemas las familias?
Esta es probablemente la pregunta más importante porque, desde la perspectiva de una familia, el problema comienza mucho antes de cualquier debate jurídico.
Los padres regresan a España o se trasladan aquí con sus hijos. El menor comienza el colegio, encuentra un club y entrena con sus compañeros. Todo parece normal hasta que llega el momento de tramitar la licencia. Es entonces cuando aparece el bloqueo: se comunica al club que es necesaria una autorización de FIFA, se solicitan documentos sobre el traslado familiar, se exige acreditar alguna de las excepciones previstas en el artículo 19 del RETJ y el expediente pasa por diferentes organismos y plataformas mientras transcurren las semanas.
Mientras tanto, el menor puede entrenar, pero no competir.
Cuando finalmente llega una respuesta negativa, muchas familias asumen que no existe ninguna alternativa. Algunas incluso reciben el mensaje de que el jugador tendrá que esperar hasta cumplir los 18 años.
Sin embargo, la experiencia acumulada en estos procedimientos demuestra que una negativa de FIFA, una comunicación de la RFEF o incluso el cierre de un expediente no deberían aceptarse automáticamente como una decisión definitiva sin analizar antes el caso concreto.
¿Qué hacer si la RFEF no tramita la licencia de un menor?
No todos los expedientes son iguales. La nacionalidad del jugador, su residencia en España, la forma en que se produjo el traslado, su inscripción anterior en otra federación, la actuación concreta de la RFEF y el momento en que se encuentra el procedimiento pueden modificar completamente la estrategia.
Por eso, el primer paso no debería ser presentar documentación de manera indiscriminada ni iniciar sucesivamente nuevas solicitudes ante FIFA. Lo primero es entender qué está impidiendo realmente que se expida la licencia.
En algunos casos existe una resolución expresa. En otros, FIFA ha rechazado previamente la transferencia internacional. Y en determinados expedientes ni siquiera existe una verdadera resolución de denegación: simplemente la RFEF ha decidido no continuar tramitando la solicitud. La diferencia es importante porque también puede cambiar la vía de recurso.
Lo que estas nuevas resoluciones vuelven a demostrar es que el sistema federativo internacional no puede analizarse de forma aislada. La expedición de una licencia para competir en España también está sometida al ordenamiento jurídico español y al control administrativo correspondiente.
Conviene hacer una distinción importante. No es exactamente igual el caso de un menor español que regresa a España después de haber vivido en el extranjero que el de un menor extranjero cuya familia se traslada legalmente a nuestro país. Los argumentos jurídicos pueden ser diferentes.
En el caso de los menores españoles, el CSD ha incidido especialmente en la imposibilidad de colocarles en una situación de peor derecho por haber residido anteriormente fuera de España. En el caso de los menores extranjeros, el elemento fundamental pasa por acreditar su residencia legal en nuestro país.
Sin embargo, ambos escenarios terminan planteando un problema práctico muy parecido: menores plenamente integrados en España que no pueden participar en una competición porque su licencia queda condicionada por un procedimiento internacional que puede prolongarse durante meses. Para las familias, la consecuencia es exactamente la misma: su hijo no puede jugar.
En Himnus Football Lawyers llevamos años asesorando a familias en procedimientos relacionados con licencias federativas de menores y transferencias internacionales. Durante este tiempo hemos intervenido en asuntos de menores españoles que regresaban del extranjero, menores extranjeros con residencia legal en España y expedientes en los que la propia tramitación federativa había quedado bloqueada sin una resolución expresa.
Naturalmente, eso no significa que cualquier denegación pueda recurrirse con éxito ni que todos los expedientes sean idénticos. Cada situación exige revisar la documentación, los antecedentes y las decisiones adoptadas durante el procedimiento. Pero sí existe una conclusión que las familias deberían conocer: que la RFEF o FIFA hayan impedido inicialmente la inscripción de un menor no significa necesariamente que este deba permanecer sin jugar hasta cumplir los 18 años.
Antes de aceptar esa consecuencia, merece la pena comprobar qué ha ocurrido realmente y si existe una vía para revisar la decisión.
Cada año son muchas las familias que deciden trasladarse a España por motivos laborales, personales o simplemente buscando una mejor calidad de vida para sus hijos. Cuando esos hijos juegan al fútbol, lo normal es pensar que bastará con encontrar un club, solicitar la licencia federativa y comenzar la temporada.
Es entonces cuando aparecen conceptos completamente desconocidos para la mayoría de las familias —transferencias internacionales, autorizaciones de FIFA, artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) o el sistema TMS— y un procedimiento que, en muchas ocasiones, termina dejando al menor sin poder competir durante meses (o incluso hasta que cumpla 18 años).
Hasta aquí, lamentablemente, no hay nada nuevo. Este tipo de situaciones se repiten cada temporada y ya forman parte de una problemática conocida.
Lo verdaderamente preocupante aparece cuando la Federación ni siquiera dicta una resolución denegando la licencia. En su lugar, comunica que no volverá a tramitar la solicitud, da el expediente por cerrado o simplemente informa de que la cuestión ya fue resuelta anteriormente.
Y entonces surge una pregunta que muchos padres nos hacen cuando llegan al despacho: si no existe una resolución, ¿qué podemos recurrir?
Precisamente esa era la situación que analizamos en este caso, en el que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado íntegramente el recurso presentado por el equipo de Himnus Football Lawyers.
La resolución no solo vuelve a recordar que los menores extranjeros con residencia legal en España tienen derecho a obtener su licencia, sino que además introduce un elemento especialmente relevante: reconoce que determinadas actuaciones de la RFEF, aunque no adopten la forma de una resolución administrativa, también pueden ser recurridas cuando impiden continuar el procedimiento.
Puede parecer una cuestión muy técnica, pero para muchas familias supone la diferencia entre resignarse a que su hijo no pueda jugar o disponer todavía de una vía para defender sus derechos.
Cuando el problema ya no es FIFA, sino la propia tramitación del expediente
El caso comienza como tantos otros. Un menor extranjero se traslada junto a su familia a España dentro de un proyecto de vida completamente ajeno al fútbol. La familia obtiene la correspondiente residencia legal, fija su domicilio en territorio español y el menor se integra en el sistema educativo. Como cualquier otro niño o adolescente, quiere seguir practicando el deporte que ya formaba parte de su vida.
El club solicitó la expedición de la licencia federativa y, al tratarse de una jugadora proveniente de otro país, la RFEF inició el procedimiento previsto para las transferencias internacionales de menores.
La primera solicitud fue finalmente rechazada por la FIFA. Cuando la familia acudió a Himnus Football Lawyers, el plazo para recurrir aquella decisión ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) ya había finalizado, por lo que la estrategia debía ser necesariamente distinta.
Tras revisar toda la documentación comprobamos que existían nuevos elementos que no habían sido valorados en el primer expediente y que reforzaban de manera significativa la realidad del traslado familiar y la residencia efectiva en España.
Por ello, en lugar de centrar el debate en la primera resolución de la FIFA, se solicitó a la RFEF que presentara una nueva solicitud acompañada de toda esa documentación. Y fue precisamente ahí donde apareció el verdadero problema.
La RFEF decidió no remitir nuevamente el expediente a la FIFA al entender que la cuestión ya había sido resuelta con anterioridad existiendo una situación de cosa juzgada (res judicata) y que no existían motivos para abrir un nuevo procedimiento.
Como consecuencia de ello, el expediente se da por cerrado, impidiendo cualquier avance del procedimiento y manteniendo a la menor sin licencia.
A partir de ese momento, la familia se encuentra en una situación especialmente compleja. No existe una resolución administrativa motivada que pueda ser recurrida. Tampoco existe una nueva decisión de la FIFA. Lo único que hay es una actuación de la RFEF que, en la práctica, impide continuar con el procedimiento necesario para obtener la licencia.
Y es precisamente ahí donde surge la cuestión jurídica más interesante del caso.
¿Puede recurrirse una decisión que no adopta la forma de resolución?
La respuesta intuitiva sería que no ya que, si no existe una resolución administrativa, parecería lógico pensar que tampoco existe nada que impugnar. Sin embargo, el procedimiento administrativo funciona de una manera distinta.
Durante la tramitación de cualquier expediente se dictan multitud de actuaciones intermedias —los denominados actos de trámite— que, por regla general, no pueden recurrirse de forma independiente. Pero esa regla tiene una excepción importante: cuando uno de esos actos impide continuar el procedimiento o produce un perjuicio irreparable, deja de ser un simple trámite y puede ser objeto de recurso.
Eso era exactamente lo que ocurría en este caso.
La cuestión no era únicamente que la RFEF hubiera decidido no volver a remitir la documentación a la FIFA. Lo verdaderamente relevante era que esa decisión hacía imposible continuar el procedimiento necesario para obtener la licencia deportiva.
En otras palabras, aunque formalmente no existiera una resolución de denegación, el efecto práctico era exactamente el mismo: la menor no podía jugar. Y ese fue precisamente el eje de nuestro recurso.
Sostuvimos que la actuación de la RFEF no podía calificarse como un simple trámite interno porque producía un efecto definitivo sobre los derechos de la jugadora. Al cerrar el expediente y negarse a impulsar una nueva solicitud ante la FIFA, la RFEF estaba bloqueando por completo el procedimiento y privando a la menor de cualquier posibilidad de obtener su licencia.
Aceptar lo contrario habría supuesto una consecuencia difícilmente compatible con las garantías propias de cualquier procedimiento administrativo. Bastaría con que una federación evitara dictar una resolución formal para impedir cualquier revisión por parte del Consejo Superior de Deportes.
El CSD: lo importante no es el nombre del acto, sino sus efectos
Antes de analizar si la menor tenía derecho a obtener su licencia, el Consejo Superior de Deportes tuvo que responder a una cuestión previa: ¿era realmente recurrible la actuación de la RFEF?
La Federación sostenía que no. Defendía que simplemente había comprobado la documentación presentada y constatado que la FIFA ya se había pronunciado sobre ese mismo supuesto, por lo que no existía ninguna resolución administrativa susceptible de recurso.
Sin embargo, el CSD no compartió ese planteamiento. Apoyándose en el artículo 112 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, recordó que determinados actos de trámite sí pueden ser recurridos cuando producen consecuencias especialmente relevantes, entre ellas impedir que el procedimiento continúe.
Y eso era exactamente lo que había ocurrido. La negativa de la RFEF a presentar una nueva solicitud ante la FIFA no era una actuación interna sin trascendencia jurídica. Al contrario, impedía continuar el procedimiento y hacía imposible que la menor pudiera obtener su licencia deportiva.
Por ello, el Consejo concluye que nos encontramos ante un acto de trámite cualificado, susceptible de recurso porque bloquea definitivamente el procedimiento.
La resolución lo expresa de forma especialmente clara al afirmar que:
“La denegación de la presentación de una nueva solicitud ante FIFA y el cierre del expediente por parte de la RFEF, en fecha 30 de abril de 2026, sería equiparable a la denegación de la propia licencia, ya que es requisito previo para la obtención de la misma.”
El CSD deja claro que lo verdaderamente importante no es cómo denomine la RFEF una determinada actuación, sino cuáles son sus efectos reales. Si una decisión impide definitivamente que un menor continúe el procedimiento para obtener su licencia, esa actuación puede ser revisada, aunque formalmente no exista una resolución administrativa.
Una vez afirmada su competencia para conocer del recurso, el CSD abordó el fondo del asunto. Y, en este punto, volvió a mantener la doctrina que ya viene consolidando desde hace años.
La resolución recuerda que el ordenamiento jurídico español protege especialmente el derecho de los menores a la práctica deportiva y promueve la integración de los extranjeros con residencia legal en España. En consecuencia, reitera que, en el ámbito del deporte no profesional, el requisito verdaderamente relevante para obtener una licencia es acreditar esa residencia legal.
Una resolución que va más allá de este caso
Lo realmente importante de esta resolución no es únicamente que una menor haya conseguido finalmente el reconocimiento de su derecho a obtener una licencia deportiva. Lo relevante es el mensaje que envía a todas aquellas familias que atraviesan una situación parecida.
Muchas veces el problema no consiste únicamente en la decisión final, sino en el propio desarrollo del procedimiento. Una solicitud que deja de tramitarse, un expediente que aparece cerrado o una negativa a continuar el proceso pueden tener consecuencias tan graves como una denegación expresa de la licencia.
Y, como ahora confirma el CSD, esas actuaciones también pueden ser recurribles.
Por supuesto, eso no significa que cualquier actuación de la RFEF pueda impugnarse automáticamente. Cada expediente presenta sus propias particularidades y debe analizarse de manera individual. Pero sí demuestra que la ausencia de una resolución formal no supone necesariamente el final del camino.
Precisamente por ello, antes de asumir que un menor no podrá competir en España, resulta aconsejable revisar detenidamente cómo se ha desarrollado todo el procedimiento.
En Himnus Football Lawyers llevamos años trabajando en procedimientos relacionados con licencias de menores extranjeros y hemos comprobado que muchas familias llegan al despacho convencidas de que ya no existe ninguna solución simplemente porque la RFEF ha dejado de tramitar su expediente.
Mientras continúen produciéndose situaciones como esta, seguirán existiendo menores que ven retrasado su acceso al deporte por cuestiones que, en muchos casos, pueden ser revisadas jurídicamente. Lo deseable sería que las familias no tuvieran que acudir al Consejo Superior de Deportes para que sus hijos pudieran ejercer un derecho que nuestro propio ordenamiento protege expresamente.
Hasta que eso ocurra, conviene recordar una idea muy sencilla: cuando la RFEF bloquea un procedimiento, el hecho de que no exista una resolución formal no significa necesariamente que no exista nada que recurrir.
El pasado 1 de mayo el Consejo Superior de Deportes (CSD) resolvió estimar el recurso de alzada interpuesto por los progenitores de un menor español, que se encontraba impedido de participar en competiciones oficiales de fútbol tras la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a expedirle licencia federativa.
El rechazo, motivado por la falta de aprobación de FIFA a la transferencia internacional solicitada, ha sido finalmente declarado contrario a Derecho por el máximo órgano administrativo del deporte español, que ha ordenado conceder la licencia deportiva al menor.
Dicha resolución constituye un nuevo y contundente pronunciamiento sobre la inaplicabilidad en España del artículo 19 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) en aquellos casos en que se pretende imponer a menores españoles requisitos previstos exclusivamente para extranjeros.
Tal como afirmó el CSD, “La exigencia de otros requisitos por parte de la RFEF, como es la acreditación de una excepción del artículo 19 del RETJ, contravienen el artículo 14 de la CE” al generar una situación de desigualdad inadmisible entre españoles.
1. El caso: denegación de licencia por no cumplir con las excepciones previstas en el RETJ
El conflicto se originó cuando los padres del jugador, asesorados por Himnus, solicitaron en su representación la expedición de una licencia deportiva para participar en la categoría infantil autonómica valenciana, tras haber retornado con su hijo a España desde Australia.
La RFEF, sin considerar de que se trataba de un ciudadano español y con residencia legal en España, denegó dicha solicitud alegando que FIFA había rechazado la inscripción en aplicación del artículo 19 del RETJ, al no concurrir las excepciones previstas para transferencias internacionales de menores. Concretamente, se había invocado la excepción del artículo 19.2.a), relativa al cambio de domicilio de los padres por razones no relacionadas con el fútbol, que fue desestimada por la Subcomisión del Estatuto del jugador de la FIFA.
Ante esta situación, los padres interpusieron recurso ante el CSD, argumentando que, al tratarse de un ciudadano español, no debía exigírsele autorización internacional para ser inscrito en la Federación de su propio país. Alegaron, además, que la RFEF estaba aplicando de forma incorrecta su propia normativa al condicionar la expedición de la licencia a requisitos adicionales que no se exigen a otros ciudadanos españoles, en particular los establecidos en el artículo 134 de su Reglamento General, previsto para jugadores que no cuentan con la nacionalidad española, el cual tiene por título “De los futbolistas que no posean la nacionalidad española” artículo este que, por razones obvias, no resultaba de aplicación en el presente caso.
Asimismo, en el recurso se argumentó que la indebida aplicación del art. 134 del Reglamento viene motivada por una interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo 19 del RETJ. En ese sentido, la remisión automática del artículo 19 del RETJ por parte de la RFEF, sin ponderar la naturaleza nacional del menor ni su situación legal en España, supone una interpretación que desconoce la primacía del ordenamiento jurídico español, así como la doctrina consolidada del Consejo Superior de Deportes.
En su resolución, el CSD analiza en primer lugar la competencia para conocer del recurso, y concluye que la RFEF, al denegar de facto la expedición de la licencia como consecuencia de la decisión de FIFA, ha emitido un acto administrativo susceptible de revisión, al tratarse de una función pública prevista en el artículo 50 c) de la Ley del Deporte. Según la resolución:
“Corresponde a la federación internacional emitir la autorización para que la RFEF pueda expedir la licencia. Por tanto, cabe concluir que los actos llevados a cabo por la RFEF resultan determinantes en cuanto a la denegación o no tramitación de la licencia y, por tanto, su actuación en este aspecto es susceptible de recurso ante el CSD“.
2. Una normativa privada no puede imponerse al ordenamiento jurídico español
Posteriormente, el CSD aborda el fondo del asunto. En cuanto a la compatibilidad del artículo 19 del RETJ con el ordenamiento jurídico español, recuerda que el artículo 49.5 de la Ley del Deporte exige que toda norma federativa internacional que imponga restricciones a la expedición de licencias debe haber sido reconocida formalmente por organismos internacionales conformados por Estados. Y en el presente caso, recuerda el CSD que no consta reconocimiento formal alguno ni por parte del Consejo de Europa ni por parte de la Comisión Europea respecto del RETJ, por tanto dicha normativa no puede prevalecer sobre la legislación interna española.
Según palabras del propio CSD, que acoge el informe de la Abogacía General del Estado:
“No puede considerarse que la normativa contenida al respecto de la transferencia de jugadores menores de edad en el RETJ, y que ha sido incluida en el artículo 134 del Reglamento General de la RFEF, sea una normativa federativa nacional o internacional aplicable que haya sido reconocida por organismos internacionales conformados por Estados (…)
No puede estimarse que el RETJ haya sido reconocido por organismos internacionales (…) no se tiene constancia de que el RETJ haya sido formalmente reconocido por algún organismo internacional”.
3. Vulneración del principio de igualdad y del interés superior del menor
Continúa el CSD afirmando que la exigencia impuesta al menor – ciudadano español- de justificar su no inscripción conforme a las excepciones del artículo 19 RETJ constituye una vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española. Señala que se ha colocado al menor en una situación de peor derecho frente a otros españoles que nunca han estado federados en el extranjero, y que se ha generado una discriminación no justificada por razón de nacionalidad o lugar de residencia previa:
“La exigencia de otros requisitos por parte de la RFEF, como es la acreditación de una excepción del artículo 19 del RETJ, contravienen el artículo 14 de la CE, pues está colocando en una situación de peor derecho a los futbolistas españoles menores de edad que solicitan la tramitación de la licencia deportiva tras haber nacido o vivido en el extranjero, exigiéndoles que el traslado de residencia a España, país del que son nacionales, esté justificado conforma a alguna de las excepciones fijadas por una normativa internacional privada, impidiéndoles, si estas no concurren, la posibilidad de obtener licencia deportiva en nuestro país”.
Asimismo, la resolución recuerda que el derecho a la práctica deportiva, especialmente en el caso de los menores, goza de protección reforzada tanto en la Ley del Deporte como en tratados internacionales suscritos por España. Los poderes públicos, incluidos los órganos federativos en cuanto ejercen funciones públicas, están obligados a eliminar todo obstáculo que impida o limite el acceso al deporte en condiciones de igualdad:
“Por lo que respecta a la práctica deportiva de los menores de edad, el artículo 7 de la LD, en su apartado 1, establece que ésta y sus derechos y necesidades, serán objeto de especial protección por parte de los poderes públicos. Asimismo, en el apartado 3 del citado precepto legal se reconoce que “la práctica deportiva que realicen las personas menores de edad deberá ser ajustada y proporcional, en cada momento, a su desarrollo personal, a sus capacidades físicas, psíquicas y emocionales, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, y con lo dispuesto en las normas y convenios internacionales suscritos por el Estado”.
4. El Fallo
Finalmente, el CSD estima el recurso interpuesto y declara el derecho del menor a la expedición de su licencia deportiva en los términos previstos en la legislación nacional y en el Reglamento General de la RFEF, sin necesidad de contar con autorización de FIFA.
Con esta resolución, el Consejo reafirma su doctrina ya consolidada en casos anteriores y subraya la primacía del orden constitucional español frente a normas internacionales privadas que no han sido formalmente reconocidas, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales de menores nacionales.
5. Conclusión: Una práctica que no debería repetirse
Este nuevo pronunciamiento del CSD no puede analizarse de forma aislada . Se suma a una doctrina largamente consolidada que ha advertido a la RFEF sobre la inadmisibilidad de aplicar el artículo 19 del RETJ de forma automática a menores españoles. Y, sin embargo, en la práctica esto persiste.
Sorprende que, conociendo esta jurisprudencia reiterada, la RFEF siga denegando solicitudes de licencia a menores nacionales españoles por el simple hecho de haber vivido previamente en el extranjero. Conforme se ha expuesto, no existe justificación legal ni reglamentaria para colocar a ciudadanos españoles en una situación de peor derecho, ni puede admitirse que se subordine su acceso al deporte a una autorización de una federación privada extranjera.
El Consejo Superior de Deportes ha vuelto a dejar claro que, en España, los derechos de los menores y el principio de igualdad constitucional prevalecen sobre cualquier normativa federativa no reconocida oficialmente.
Urge que los dos organismos implicados (RFEF y CSD) den una respuesta definitiva a esta situación y que, por el bien superior de los niños implicados, lleven a cabo las modificaciones reglamentarias oportunas para que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse, de tal forma que los menores (nacionales o no) que residan de forma legal en España puedan obtener de forma automática su licencia para poder jugar a fútbol sin necesidad de obligar a las familiar a tener que acudir una y otra vez a un recurso ante el CSD, con los evitables costes económicos, de tiempo y, sobre todo, emocionales que ello conlleva para los chavales y sus familias.
Vaya
por delante que nada, absolutamente nada, justifica que un espectador insulte,
increpe ni mucho menos ponga en riesgo la integridad física de ningún jugador,
árbitro, entrenador o incluso de otro espectador, por muy enconada que sea la
rivalidad con el equipo y/o afición contraria o por mucho que pueda errar el colegiado.
Del
mismo modo, tampoco nada justifica que un jugador o entrenador se encare con la
afición rival y les insulte o provoque con gestos de mayor o menor gusto.
Tolerancia cero contra la violencia.
Dicho
lo anterior, el FC Barcelona acaba de anunciar que solicita al Tribunal
Administrativo del Deporte que abra expediente disciplinario contra el
presidente de la LFP, Javier Tebas, y los miembros del Comité de Competición de
la RFEF “por las manifestaciones y valoraciones inadmisibles sobre el
comportamiento de los jugadores del FC Barcelona cuando fueron agredidos
durante el partido del pasado sábado” contra el Valencia.
Aunque
no lo dice el comunicado, se sobreentiende que la denuncia se hace porque el FC
Barcelona considera que dichas manifestaciones pueden suponer una infracción a
las disposiciones de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (y más concretamente
por ser supuestamente incitadoras a la violencia), porque lo contrario supondría
querer cercenar una libertad de expresión de la que es adalid el club culé cada
vez que se exhiben pancartas o banderas independentistas en su estadio.
Por
situar al lector, las manifestaciones en cuestión fueron las siguientes:
Comité de Competición de la
RFEF: “(…) no debe pasarse por alto elreprochable comportamiento que
muestran algunos jugadores del FC Barcelona al dirigirse con ciertos gestos y
expresiones hacia el público durante la celebración del gol. Tampoco constituye
un ejemplo de deportividad la exagerada reacción de algunos jugadores del
referido club que, sin haberles llegado a alcanzar ninguna botella, simulan o
fingen de forma simultánea haber sido golpeados igualmente por un objeto mucho
más contundente que la botella que alcanza a uno sólo de ellos (…) El referido
comportamiento poco ejemplar de algunos jugadores del FC Barcelona les
descalifica y ridiculiza por sí solos (…)”.
Javier Tebas: “Parecía
un juego de bolos (…) Yo tengo que apelar a la educación, sobre todo esto que
millones de niños en el mundo nos están viendo. Por lo menos yo a mis hijos si
me ven haciendo una cosa de fingir algo, luego sentiría vergüenza cuando los
vaya a ver, por lo menos yo, que todos reflexionemos que eso no es bueno. [Y
hablando sobre Neymar] A mí no me gustan, pero esa conducta final aunque se
esté caliente y todo tenemos que intentar evitarlo (…) Eso es un tema del
Comité de Competición de la RFEF, pero bueno, yo creo que todo ese tipo de
conductas tienen que ser sancionables y reprobables, no me vale la simulación,
no me vale el insulto a la grada, no me vale por mucho que el de enfrente me lo
esté diciendo (…) estas cosas tenemos que ser muy sensibles y todos colaborar
para que no haya brotes de violencia de ningún tipo”.
A
nuestro juicio, la denuncia es un nuevo y claro error de estrategia del FC
Barcelona, como lo fue hace poco el #todossomosMessi, y da la impresión de que
se interpone más de cara a la galería culé (sobre todo antes de la Asamblea de
hoy) que por pleno convencimiento.
En
primer lugar, porque las probabilidades de éxito de la denuncia son nulas, ya
que difícilmente cabe calificar las declaraciones como incitadoras a la
violencia en los términos de la Ley 19/2007. Más bien al contrario, las
manifestaciones no hacen sino valorar y reprobar, con mayor o menor acierto y
oportunidad, una conducta ya pasada y cierta de la que todos hemos sido
testigos: la simulación casi cómica de varios jugadores de haber sido
alcanzados por una misma botella, como si de una bomba racimo se tratara.
Y en
segundo lugar, porque no estaría de más que antes de disparar fuera el FC
Barcelona se mirase de vez en cuando el ombligo. Resulta poco edificante que se
denuncie a terceros por realizar unas simples declaraciones y, en cambio, no se
haga el más mínimo comentario de condena o reproche a los insultos y la
simulación de sus propios jugadores. Porque, ¿quién es más culpable y a quien
se debería castigar antes, al que simula e insulta o al que simplemente critica
a éste por su comportamiento?
Y lo que sí sería deseable es que tanto Liga como RFEF luchasen de forma activa para acabar de una vez por todas con las simulaciones en el fútbol. Basta ya de ver cómo el que finge ser objeto de penalti o se tira al suelo como si le hubieran matado cuando apenas le han rozado se va con una simple amarilla. Urge imponer castigos ejemplares para que se acabe esta barra libre del engaño que tanto daño hace al propio juego y que constituye el peor de los ejemplos para nuestros hijos.
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