El pasado lunes día 8 de junio Radio Marca Baleares entrevistó a nuestro compañero Toni Roca sobre la posibilidad de que un jugador menor de dieciséis años pueda ser alineado o no en LaLiga. Toni lo tiene claro.
Puedes escuchar la entrevista a partir del minuto 18:15 en el siguiente enlace.
10 de junio de 2020
En el día de ayer nuestro compañero Toni Roca fue entrevistado en el programa La Gradería de la Cadena SER Catalunya para hablar sobre la reciente y trascendente decisión del Consejo Superior Deportes declarando inaplicable en España el artículo 19 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores que comentáramos el pasado 6 de febrero en nuestro blog.
Podéis escuchar la entrevista en este enlace (a partir minuto 17), así como consultar la noticia en la edición digital de la Cadena SER del día de hoy aquí.
Post publicado el 12 de febrero de 2019
El pasado 4 de diciembre de 2018 la Presidenta del Consejo Superior de Deportes (“CSD”) emitió una importante decisión en el marco del asunto R23/18 por la que vuelve a poner de manifiesto la inaplicación en España del artículo 19 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (“RETJ”), relativo a la inscripción de menores de edad con ocasión de transferencias internacionales.
Esta nueva decisión viene a consolidar cierta jurisprudencia del CSD, que ya tuvo ocasión de pronunciarse al menos en dos ocasiones previas: Decisión de 17 de marzo de 2016, asunto R02/16 (comentada por mí mismo Iusport [1]) y Decisión de 21 de abril de 2017, asunto R43/16 (también comentada en Iusport por mi buen amigo Agustín Amorós[2]).
Si bien el artículo 19 del RETJ nació con el loable objetivo de establecer controles para evitar que los futbolistas más jóvenes estén expuestos a la explotación y abuso en un país que no es el suyo, no es menos cierto que su estrictísima aplicación por parte del máximo organismo futbolístico mundial ha supuesto en la práctica la violación de los derechos de cientos (o miles) de menores en todo el mundo, que ven como están siendo injustamente privados de poder jugar al fútbol por el mero hecho de venir de un país extranjero, situación ésta claramente discriminatoria.
El caso que nos ocupa es especialmente flagrante por cuanto, a diferencia de los dos casos antes citados (y de la mayoría de casos que suscita la aplicación del art. 19 RETJ), el menor en cuestión no era un extranjero, sino que se trataba de un español al que la se le estaba impidiendo jugar al fútbol en su propio país.
1.- Los hechos
El jugador, hijo de padre americano y madre española, nació en Florida y allí vivió toda su infancia. Durante su juventud practicó el fútbol de modo recreativo en una academia de fútbol que no estaba afiliada a la Federación de Fútbol de los EEUU.
A principios del año pasado, la familia decidió que el menor (que en ese momento tenía 16 años) viniera a vivir a Mallorca para seguir cursando sus estudios y mejorar su español. El menor se aloja en casa de su tía materna y sigue su proceso de escolarización en un Instituto de Educación Secundaria de la isla, donde cursa el primer año de bachiller.
Interesado en seguir practicando su deporte favorito en España, el jugador solicitó inscribirse en el CDAB, el cual solicitó a la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (“FFIB”) la tramitación de la preceptiva licencia federativa para la categoría territorial, al ser éste el organismo competente para su expedición.
La FFIB dio traslado de la petición a la RFEF la cual, a su vez, y pese a tratarse de un ciudadano español, requirió la autorización previa de la FIFA. La excepción (erróneamente) alegada por el club balear fue la contenida en el apartado 2.a) del artículo 19 RETJ, relativa al traslado de los padres por motivos no relacionados con el fútbol.
La RFEF introdujo a través del TMS de FIFA una solicitud de aprobación por parte de la Subcomisión del Estatuto del Jugador para la transferencia internacional del jugador, como paso previo a la expedición del Certificado de Transferencia Internacional.
Con fecha 30 de abril de 2018, el Juez Único de la Subcomisión del Estatuto del Jugador de la FIFA decidió rechazar la solicitud de la RFEF por entender que “la delegación de la custodia sobre un menor de edad a un pariente o a una tercera persona no permite una excepción a la prohibición general de las transferencias internacionales de jugadores menores de 18 años, en el sentido del artículo 19, apartado 2.a del RETJ”.
En el mes de agosto, otro club mallorquín – el CFAR – volvió a solicitar a la FFIB la inscripción del jugador, en este caso para la categoría nacional juvenil. La excepción alegada por este segundo club fue la prevista en el art. 19.3 RETJ, que prevé la inaplicación de la prohibición de transferencia si el menor demuestra haber vivido de manera ininterrumpida durante 5 años en el país en el que desea inscribirse.
Sorprendentemente, y pese a que tanto el club solicitante, la categoría deportiva y la excepción del RETJ alegada eran distintas, en esta segunda ocasión la RFEF no requirió la autorización previa de la Subcomisión de la FIFA, sino que procedió a desestimarla directamente en base a la decisión inicial de 30 de abril antes referida.
A la vista de esta nueva negativa de la RFEF, y ante la situación de desamparo del menor por tan injusta situación, decidimos interponer recurso ante el CSD.
2.- La defensa en el recurso
Como hemos comentado al principio, en este caso había un hecho diferenciador con respecto a los dos casos precedentes, y es que el menor en cuestión no era un extranjero residiendo legalmente en España, sino un nacional español de origen (por ser hijo de madre española).
Por ello centramos nuestra defensa en denunciar la evidente nulidad de pleno derecho[3] de la decisión de la RFEF por vulneración del artículo 14 de la Constitución, que determina que “los españoles son iguales ante la Ley”.
Este derecho fundamental a la igualdad ante la Ley estaba siendo vulnerado de forma patente por la FFIB y la RFEF al impedir al menor jugar al fútbol en las mismas condiciones que el resto de niños españoles de su edad, todo ello por la prohibición de una organización de carácter privado sometida a derecho suizo que, en modo alguno, puede prevalecer sobre el ordenamiento jurídico español.
Y es que para obtener su licencia al menor se le estaban exigiendo unos requisitos adicionales a los que, con carácter general, exige el artículo 115 del Reglamento General de la RFEF para cualquier ciudadano español, que consisten básicamente en afiliarse a la RFEF aportando determinados datos básicos[4].
Todos esos requisitos se cumplían por parte del jugador, pero la RFEF se negaba a emitirle la licencia, exigiéndole para ello que cumpliera con los requisitos del artículo 120 de su Reglamento, que lleva por título “De los futbolistas que NO posean la nacionalidad española”.
La RFEF estaba incumpliendo su propia normativa al exigirle al menor, nacional español, unos requisitos para obtener la licencia federativa totalmente distintos y mucho más gravosos que los que se exige a cualquier otro ciudadano español (los cuales sólo están previstos para aquellas personas que NO poseen la nacionalidad española), y ello por el mero hecho de venir de otro país.
Como acertadamente estableció la Resolución del CSD de 21 de abril de 2017, “esta regulación [el RETJ] tiene como objetivo evitar que a través del fútbol se facilite la entrada ilegal de menores y sus acompañantes en un Estado del cual NO sean nacionales (…)”, pero en modo alguno cabe aplicarla a los menores que sí ostentan la nacionalidad del país en el que quieren inscribirse, como era el caso de nuestro cliente.
Por lo tanto, entendíamos que la expedición de licencia por parte de la RFEF no precisaba de la aprobación previa de la FIFA, ya que el menor es natural del país en el que deseaba inscribirse, siendo por ello suficiente con el cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 115 del Reglamento de la RFEF.
Adicionalmente a todo lo anterior, se citaron los antecedentes de las otras dos resoluciones del CSD ya comentadas y se denunció la violación de las normas relativas a la protección de los menores en nuestro país, más concretamente de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (artículos 2.1, 5 y 18, en relación al artículo 32.2 de la Ley 10/1990, del Deporte) y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (artículo 2), respectivamente.
Por último, solicitamos se ordenase como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada y la inscripción provisional del menor con el CFAR para participar en competición oficial durante la vigente temporada 2018/2019, petición que fue reiterada con fecha 14 de noviembre.
3.- La decisión del CSD
Una vez confirmada la nacionalidad española del menor, por ser hijo de madre española[5], el CSD hace suya nuestra argumentación en el sentido de que la normativa de la RFEF contraviene el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Para mayor facilidad del lector, transcribimos aquí la parte fundamental de la decisión del CSD (fundamentos IX y X) por la que viene a confirmar nuevamente que el artículo 19 RETJ no puede prevalecer sobre el ordenamiento jurídico español por ser discriminatorio:
“(…) Aunque las federaciones deportivas son entidades privadas, en el ejercicio de las funciones públicas que tienen atribuidas deben actuar de acuerdo con el principio de no discriminación por motivo de nacionalidad o lugar de nacimiento. Toda disposición normativa ajena al ordenamiento jurídico español que incorpore algún tipo de discriminación por razón de nacionalidad o lugar de nacimiento no puede ser aplicada por ninguna persona u organismo público que esté sometida a la legislación española y desarrolle sus funciones en ese ámbito territorial (…)
La exigencia de otros requisitos por parte de la RFEF, como es la acreditación de una excepción del artículo 19 del RETJ, contraviene el artículo 14 de la CE, pues está colocando en una situación de peor derecho a los futbolistas españoles menores de edad que solicitan la tramitación de la licencia deportiva tras haber nacido o vivido en el extranjero, exigiéndoles que el traslado de residencia a España, país del que son nacionales, esté justificado conforme a alguna de las excepciones fijadas por una normativa internacional privada, impidiéndoles, si estas no concurren, la posibilidad de obtener licencia deportiva en nuestro país.
El artículo 32.2 de la Ley del Deporte fue modificado en su apartado segundo por la Ley 19/2007 de 11 de junio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para que las Federaciones deportivas españolas “eliminen cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de extranjeros que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades deportivas no profesionales que organicen”. Esta eliminación de obstáculos a la participación en la actividad deportiva se exigirá de igual manera con respecto a los españoles, independientemente de la forma por la que hayan adquirido la nacionalidad, su lugar de nacimiento y con independencia del momento en el que hubieran trasladado su residencia a España (…)”.
4.- Conclusiones y Reflexiones
A.-La primera y más importante conclusión que cabe extraer de esta nueva decisión del CSD, unida a las dos anteriores, es que el artículo 19 del RETJ de la FIFA es inaplicable en España.
Así pues, cualquier menor de edad que quiera jugar al fútbol en España a nivel amateur y provenga del extranjero podrá hacerlo sin que pueda verse impedido para ello por parte de la FIFA/RFEF, siempre y cuando (i) ostente la nacionalidad española o (ii) se trate de un extranjero que esté residiendo de forma legal en España.
Seguramente la RFEF seguirá denegando de inicio la tramitación de esas licencias, pero la vía del recurso ante el CSD está abierta y demuestra ser efectiva y bastante rápida[6].
B.- La pregunta que surge a continuación es obvia: ¿esto también aplica a los clubes profesionales? A nuestro juicio la respuesta es sí, pero no es menos cierto que los clubes que compiten a nivel internacional se arriesgan a ser sancionados por la FIFA, como recientemente le ocurrió a Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, precisamente por estas prácticas de fichar a menores extranjeros.
Y uno se preguntará con razón: pero si concluimos que el artículo 19 no aplica en España por ser discriminatorio y contrario a la Ley, ¿cómo puede la FIFA sancionar a un club por cumplir la ley de su propio país? Muy sencillo, porque a la FIFA le da absolutamente igual lo que digan las leyes o las resoluciones de cada país, ella tiene sus propias normas y si te gustan bien, y si no también. Así pues, el riesgo de fichar a menores extranjeros es tan elevado que aún cuando la razón les asista, no creemos que los grandes clubes quieran arriesgarse a sufrir nuevas e importantes sanciones (máxime en casos de reincidencia).
C.- Sorprende enormemente la postura de la RFEF que, a pesar de afirmar en sus alegaciones que “de un simple vistazo es fácilmente constatable como el Sr. X cumpliría, a priori, con los requisitos establecidos para que pudiera autorizarse su inscripción por cuanto el mismo es nacional español” le insta a que inicie un nuevo proceso de solicitud de licencia.
¿No hubiera sido más fácil reconocer ante el CSD que efectivamente el recurrente tenía razón en su petición y tramitarle la licencia, en lugar de alargar de forma innecesaria el proceso? ¿Por qué este empecinamiento en defender la normativa FIFA frente a una flagrante violación de los derechos de un menor español? Es más, si la RFEF entendía que con una nueva solicitud de licencia se hubiera arreglado el problema, ¿por qué motivo no se le trasladó al menor y/o a su club para que la tramitaran y así haber solucionado el problema cuanto antes?
D.- Sorprende también que el CSD no adoptase la medida cautelar solicitada en el escrito de recurso (y que volvimos a solicitar al cabo de un mes) y que tampoco se haga ninguna mención a ella en la decisión final, máxime si tenemos en cuenta los antecedentes.
¿Por qué motivo no se concede la cautelar si concurrían todos los requisitos exigidos para su concesión? ¿Qué factores tiene en cuenta el CSD para ni tan siquiera pronunciarse sobre la petición? ¿Quién compensa al menor por todo el tiempo que ha durado el proceso en el que se ha visto injustamente privado de poder jugar al fútbol?
E.- Por último, y no nos cansaremos de decirlo, todo esto bien podría haberse arreglado (o al menos haber minimizado los daños) si los clubes hubieran contado con un asesoramiento previo adecuado.
Sin duda buena parte de culpa de lo ocurrido es de los clubes, que cometieron el error de alegar unas excepciones al art. 19 RETJ que no era tales, pues ni los padres se habían trasladado con el menor ni éste llevaba cinco años en España. Con esos mimbres también era lógico que la decisión de FIFA (y por ende de la RFEF) fuera la que fue.
Al final del día, y disquisiciones jurídicas aparte, lo triste es que el gran perjudicado en toda esta historia ha sido el menor, que lo único que quería era poder jugar al fútbol con sus amigos y que no ha podido hacerlo durante varios meses porque una asociación suiza con la que nada tiene que ver le ha privado injustamente de ello.
Urge repensar el modelo para evitar que situaciones tan injustas como éstas se sigan produciendo.
Puedes consultar la decisión del CSD aquí: Decision CSD
Toni Roca, Football Lawyer
[3] Según lo dispuesto en artículo 47.1 de la Ley 39/2015, que determina que son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que “lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”.
[4] Artículo 115.3 Reglamento RFEF: “En la afiliación, al menos, deberá constar:
a)
Nombre, apellidos y número de Documento Nacional de Identidad o de Pasaporte.
b) Lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad.
c) Nombre del padre y madre.
d) Domicilio.
e) Número de teléfono y dirección de correo electrónico”
[5] Artículo 17.1 Código Civil: “Son españoles de origen: a) Los nacidos de padre o madre españoles (…)”.
[6] Dos meses ha tardado en nuestro caso.
Post publicado el 6 de febrero de 2019
El pasado 20 de septiembre, el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol (“RFEF”) emitió una decisión de gran trascendencia para la protección de las canteras de los clubes españoles, al estimar la pretensión de un futbolista que, en aplicación de lo dispuesto en artículo 119.1.g) del Reglamento General de la RFEF[1] (el “Reglamento”), había solicitado la cancelación de la licencia “J” que tenía con su club con la finalidad de poder obtener la licencia “P” y firmar un contrato como jugador profesional con otro club.
Según establece el artículo 134 del Reglamento, los futbolistas con licencia juvenil[2] “se comprometen, con el club que los inscribe, a permanecer en él hasta la extinción de la licencia que lo será al finalizar la temporada en que cumplan diecinueve años, salvo baja concedida por aquél o acuerdo suscrito por ambas partes reduciendo su duración a una o dos temporadas”.
Así pues, salvo que concurra alguna de esas dos excepciones, todo jugador con una licencia “J” está federativamente obligado a permanecer los tres años de duración de la misma en el club por el que se haya inscrito.
En el presente caso, el futbolista había finalizado el segundo de los tres años de licencia juvenil con su club, momento en el que recibió y aceptó una oferta de contrato profesional por parte de un club tercero. El club aficionado por el que estaba inscrito se negó a concederle la baja, por entender que el citado art. 134 del Reglamento le obligaba a permanecer un año más con ellos.
Ante esta tesitura, el jugador presentó demanda ante el Comité Jurisdiccional de la RFEF solicitando la cancelación de su licencia “J” para poder suscribir la licencia “P” con el nuevo club. Durante los casi dos meses[3] que ha durado la disputa el jugador se ha visto privado de poder jugar con su nuevo club, con las evidentes consecuencias de orden deportivo (y personal) que se han ocasionado tanto al jugador como al club.
Como se ha adelantado al inicio de este artículo, el Comité Jurisdiccional de la RFEF accedió a la pretensión del futbolista, sobre la base del siguiente argumento que transcribimos de forma literal:
“Sobre esta cuestion se ha pronunciado ya este Comité Jurisdiccional en diversas ocasiones, resolviendo a favor de las pretensiones de jugadores aficionados autorizándoles en consecuencia en tramitar las licencias profesionales solicitadas. Así pueden verse, entre otras, las resoluciones de 27 de agosto de 2010 o la más reciente de 26 de agosto de 2016. Las consideraciones de esta última son plenamente aplicables al supuesto que nos ocupa y, en consecuencia, el motivo fundamental para atender la solicitud de cancelación de la licencia como jugador aficionado es procurar que el futbolista no vea truncada su progresión personal, tanto desde una visión formativa, como en lo relativo al futuro profesional del jugador cuya perspectiva de mejora no se discute. Por tanto, no puede limitarse ni impedirse el derecho del jugador a progresar y mejorar laboral y profesionalmente accediendo a un contrato de jugador profesional para el que requiere tramitar necesariamente la licencia “P” como exige el artículo 122.2 del Reglamento General de la RFEF”
Esta decisión del Comité Jurisdiccional de la RFEF que, como vemos, consolida cierta jurisprudencia del órgano federativo, supone un nuevo varapalo para las canteras de los clubes de fútbol a la hora de retener sus talentos, por cuanto el ofrecimiento de la firma de un contrato profesional (o licencia “P”) por parte de un tercer club se considera causa justa para poner fin a la obligación de permanencia que llevan aparejadas determinadas licencias no profesionales (cadetes, juvenil y amateur).
Así pues, aviso a navegantes: en lo sucesivo los clubes deberán firmar contratos profesionales a todos los jugadores que quieran retener a partir de los 16 años (siendo desde ese momento plenamente aplicables todas las disposiciones del RD 1006/1985, incluida la fijación de una cláusula de rescisión), porque de lo contrario se exponen a que otros clubes se los quiten con el simple ofrecimiento de un contrato profesional.
La única parte positiva es que los clubes que no hayan sido precavidos y sufran la marcha de sus futbolistas por esta causa se verán compensados con los derechos económicos que prevé el art. 118 del Reglamento[4] por la firma de la primera licencia profesional.
Por el otro lado, la decisión es sin duda una buena noticia para los futbolistas, por cuanto les abre una vía para no verse obligados a permanecer en un club en el que en muchas ocasiones no desean seguir, poniendo así fin a esta especie de “derecho de retención” encubierto, claramente limitador de su libertad de elección a la hora de practicar el fútbol.
No perdamos de vista que hablamos en la mayoría de los casos de jugadores menores de edad, cuyos intereses deberían primar por encima de cualquier otro interés legítimo, tal y como preceptúa el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor cuando dice que:
“Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
Puedes acceder a la decisión del Comité Jurisdiccional aquí: Decision RFEF
Toni Roca, Football Lawyer
[1] Artículo 119 Reglamento: “1. Son causas de cancelación de las licencias de los futbolistas las siguientes: (…) g) Acuerdo adoptado por los órganos competentes”.
[2] Artículo 134.4 del Reglamento: “Son licencias de futbolistas no profesionales, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra h), en la modalidad principal, las siguientes: (…) b) “J” y “FJ”: Juveniles y Juvenil Femenino; los que cumplan diecisiete años a partir del 1º de enero de la temporada de que se trate, durante un total de 3 temporadas”.
[3] El escrito de petición fue registrado con fecha 2 de agosto y la resolución del Comité Jurisdiccional es de 20 de septiembre.
[4] Artículo 118.1 Reglamento: “Cuando un equipo inscriba a un futbolista con licencia profesional por primera vez estará obligado, como requisito previo para obtener aquélla, a depositar en la RFEF la cantidad que corresponda, según la normativa vigente, en función a la división de que se trate. Dicha cantidad se distribuirá proporcionalmente entre los clubs, integrados en la RFEF o en las Federaciones de Ámbito Autonómico integradas en ella, a los que anteriormente hubiese estado vinculado el futbolista, salvo expresa renuncia del derechohabiente, sin que por tal concepto lo sean el club que lo inscriba como profesional ni sus filiales, excepto que hubiere estado adscrito a uno u otros al menos un año (…)”.
Post publicado el 6 de octubre de 2018
El pasado 20 de diciembre de 2016 se dictó la parte operativa del laudo recaído en el famoso asunto “CAS 2016/A/4785 Real Madrid v. FIFA” a cuenta de los fichajes de menores de edad por el que el club de Chamartín fue sancionado, entre otros, con la prohibición de realizar fichajes en la pasada ventana de invierno; pero no ha sido hasta hace escasos días que se han hecho públicos y hemos tenido oportunidad de disfrutar de los fundamentos íntegros de dicha decisión[1].
Entre los muchos e interesantes pronunciamientos que realiza el Árbitro Único designado para el caso en cuestión, nos llama la atención y nos centraremos exclusivamente en el contenido del Fundamento de Derecho VII.5[2], a cuenta del artículo 19bis.1 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), el cual establece textualmente que “Aquellos clubes que operen una academia con la cual tengan una relación de derecho, de hecho y/o económica deberán notificar la presencia de jugadores menores de edad que asisten a la academia a la asociación en cuyo territorio la academia desempeñe su actividad”[3].
Según las Definiciones contenidas en el propio RETJ, por “Academia” se entiende una “organización o entidad jurídicamente independiente, cuyo objetivo principal es formar deportivamente y a largo plazo a jugadores, mediante la puesta a disposición de instalaciones e infraestructura adecuadas. El término incluye, entre otros, los centros de formación para futbolistas, los campamentos de fútbol, las escuelas de fútbol, etc.”.
Pues bien, la Comisión de Apelación de FIFA ratificó la sanción impuesta al Real Madrid en primera instancia por el Comité Disciplinario, que había entendido que el club blanco había vulnerado la previsión del artículo art. 19bis.1 hasta en 37 casos, que se identifican con los jugadores 1 a 24, 31, 37, 38, 39, 40, 58, 59, 61, 63, 66, 68 y 70, respectivamente.
El Real Madrid defendió ante el TAS que la “Cantera”[4] no es una academia en los términos del RETJ y que, incluso si lo fuera, habría satisfecho su obligación de informar de todos los menores que asisten a la misma, ya que tanto la Federación Madrileña de Fútbol (FMF) como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) eran plenamente conscientes de la presencia de los menores, toda vez que todos ellos tenían licencia federativa debidamente expedida siguiendo los cauces reglamentarios.
Por su parte, FIFA consideraba que la Cantera sí es una academia y que el deber de reportar la presencia de menores al amparo del art. 19bis.1 RETJ es una obligación adicional, separada e independiente del simple registro de los jugadores en la RFEF.
El Árbitro Único acaba concluyendo que la Cantera sí es una academia del Real Madrid, y ello en base a los siguientes tres argumentos:
1.- Que la Cantera tiene sus propias instalaciones, staff médico y residencia, y que, por tanto, es una “organización” según la definición que de “academia” hace el RETJ.
2.- Que su principal propósito es facilitar a los jugadores una formación a largo plazo; y
3.- Que el Madrid se refiere a la Cantera como una academia en su página web y video promocionales.
Sobre la anterior base, y apoyándose en el laudo del caso del FC Barcelona (CAS 2014/A/3793[5]), el Árbitro Único entiende como FIFA que, cuando se está en presencia de una academia, la obligación de informar debe ser entendida como una obligación adicional y diferente a la de su simple registro federativo, y ello en aras a proteger a esos menores que entrenan y o juegan en una academia, pero no están registrados[6].
El Árbitro Único llega a reconocer que “es verdad que el artículo 19bis.1 RETJ no especifica de qué manera debe “informarse” de los menores que atienden la academia. Sin embargo, el Real Madrid no fue capaz de facilitar evidencia convincente que soportara su línea de razonamiento en el sentido de que el club cumplió con su obligación de información en relación con los jugadores menores. En particular, el registro en la FMF no puede ser considerado suficiente por las razones indicadas arriba”.
Por todo lo anterior, concluye el Árbitro Único que el Real Madrid sí vulneró las previsiones del art. 19bis.1 RETJ por no haber informado debidamente de los menores de su cantera/academia, y dicha circunstancia es tenida en cuenta a la hora de imponerle la sanción definitiva.
A nuestro juicio las conclusiones alcanzadas por el Árbitro Único en este concreto apartado de los muchos del laudo no son acertadas, su argumentación es poco consistente y abre más interrogantes que aclarar conceptos y aportar soluciones.
En primer lugar, la Definición que el RETJ hace de “Academia” es muy clara cuando dice que debe tratarse de una organización “jurídicamente independiente” del Club en cuestión. Por eso sorprende sobremanera cuando el Árbitro se contradice con afirmaciones tales como que “no hay ninguna especificación de que una organización debe ser independiente (sic) y/o externa para ser calificada como academia” o que “es un hecho no controvertido que dicha academia tiene un vínculo legal, financiero o de facto con el Club”[7].
Según nuestro parecer las categorías inferiores de los clubes, se llamen “Cantera”, “Masía”, “la Fábrica” o incluso “Academia”[8], no deberían tener en ningún caso la consideración de academia a efectos del RETJ, pues no son organizaciones o entidades independientes de los clubes, sino que son parte integrante y esencial de los mismos, y el primer indicativo de ello es que todos los equipos de la Cantera del Madrid o de la Masía se llaman Real Madrid o FC Barcelona infantil, alevín, juvenil, A, B, C, etc.
Es evidente que no nos hallamos ante entidades “jurídicamente independientes”, sino ante distintos equipos de una misma entidad, con el agravante de que para los clubes que participan en Primera, Segunda y Segunda B es una obligación contar como mínimo con un representante en todas las categorías inferiores, tal y como preceptúa el artículo 108.2 del Reglamento General de la RFEF[9].
Y en tanto que categorías distintas, es lógico y normal que cuenten con personal deportivo y médico, campos de entrenamiento y, en general, instalaciones diferentes a las del primer equipo, lo cual no puede considerarse en modo alguno como un factor decisivo para concluir que se está ante una academia.
Y por otro lado, es preocupante la inseguridad jurídica que se desprende de los laudos de Madrid y Barça por lo que se refiere a la obligación de notificación del 19bis.1 RETJ. El precepto en cuestión simplemente exige a los clubes “notificar la presencia de jugadores que asisten la academia a la asociación en cuyo territorio la academia desempeñe su actividad”, pero nada dice sobre la forma ni el contenido que debe tener esa notificación.
Así, sorprende que la tramitación de la ficha federativa, en la que constan todos los datos personales de los chavales, no se considere una “notificación”, o que se concluya que “el art. 19bis REJT requiere información adicional sobre la asistencia de la academia sin perjuicio de la cuestión sobre si los jugadores han sido registrados con su asociación o no”. Sinceramente, no vemos por ningún lado que se exija a los clubes realizar ninguna notificación adicional.
Pero sin duda alguna lo que más sorprende es el “razonamiento” del Árbitro para concluir que el Madrid vulneró el art. 19bis.1, que en la práctica se reduce a lo siguiente: “es verdad que el artículo no especifica de qué manera debe informarse, pero para mí tú no has informado como es debido”. Vamos a ver, si el Reglamento no dice cómo hay que notificar, ni que haya que hacer nada “adicional” al registro, ¿con qué base jurídica se niega que la tramitación de una ficha federativa es una notificación a una Asociación? ¿Y por qué motivo no se aporta ejemplos de lo que sí podría considerarse una notificación? ¿Es aceptable el argumento de “no sé cómo debe hacerse ni lo pone en ningún sitio, pero así no, así que te sanciono”?.
No parece de recibo que se cargue sobre los clubes la indeterminación de FIFA a la hora de redactar sus propias normas y que, como consecuencia de ello, se les impongan sanciones importantísimas; ni que se deje al libre albedrío del Árbitro o Panel en cuestión determinar qué es una notificación y qué no (con argumentos tan peregrinos como los vistos), lo que puede dar lugar a decisiones totalmente dispares sobre la base de unos mismos hechos, o lo que es lo mismo, a una alarmante inseguridad jurídica precisamente sobre la materia que menos inseguridad debería tener, cual es la de los menores de edad.
Desde aquí aprovechamos para pedirle a la FIFA que, por el bien de sus clubes y de nosotros, sus asesores, revise con carácter de urgencia la definición de Academia de su Reglamento y aporte algo de luz sobre cómo debe notificarse la presencia de menores en dichas academias para entender cumplido el art. 19bis.1 del Reglamento.
[1] Publicada en la base de jurisprudencia del TAS: http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_4785__FINAL__with_signature_for_publication.pdf
[2] Puntos 94 a 102 del laudo.
[3] Todos los énfasis son propios.
[4] http://www.realmadrid.com/futbol/cantera
[5] Accesible en http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3793.pdf
[6] Punto 9.17 del laudo CAS 2014/A/3793: “(…) no puede ser considerado, como argumenta el Apelante, que con el registro del jugador el club cumpla automáticamente también con la obligación de “informar” de los jugadores que están atendiendo su academia. Esto es así por la finalidad tras el artículo 19.bis RETJ, que se basa en la consideración de que una distinción debe realizarse entre los menores que son registrados con el club, pero no atienden una academia, y los menores que no sólo registrados con el club, sino que además atienden su academia y, más importante, menores que no son registrados con el club pero que entrenan y juegan en la academia. Esta distinción se basa en la consideración y el entendimiento de que los menores se mueven de un país a otro, y se integran en academias en las que pueden estar durante varios años hasta que alcanzan la edad de 18 años (momento en el que serán formalmente registrados la primera vez), sin registrarlos en sus asociaciones. Adicionalmente, los jugadores que atienden una academia pueden necesitar supervisión y protección adicional por las autoridades competentes para asegurar que sus intereses no son perjudicados. Es altamente probable que los jugadores atendiendo una academia no sigan viviendo con sus familias, sino que estén alojados y sean educados en las instalaciones de la academia y puedan necesitar atención adicional. Por tanto, el art. 19bis REJT requiere información adicional sobre la asistencia de la academia sin perjuicio de la cuestión sobre si los jugadores han sido registrados con su asociación o no. Ni la información facilitada a la hora de llevar a cabo una transferencia internacional según el art. 19 RETJ, ni el simple registro del jugador con una asociación son suficiente. Esto es así dado que, un jugador que es transferido a un club extranjero, o registrado con una asociación no necesariamente atiende una academia. Más aún si cabe en el caso de que un jugador se va a una academia extranjera y no es registrado en absoluto con la asociación en cuestión (…)”.
[7] Puntos 98 y 99 del laudo.
[8] Como es el caso del Atlético de Madrid o el Valencia CF, entre otros.
[9] Art. 108.2 Reglamento General RFEF: “Tratándose de los de Primera, Segunda y Segunda División “B” tendrán además de esta facultad, la obligación, salvo disposición legal que lo impida, de tener inscritos tomando parte activa en las competiciones, un equipo por cada una de las categorías, desde juveniles hasta prebenjamines, ambos inclusive, en las competiciones que tenga establecidas la Federación de ámbito autonómico de su domicilio”.
Toni Roca, Football Lawyer
Post publicado el 31 de mayo de 2017